‘Desindéxame’

Google, el “cerebro mundial”, está atragantado con el derecho al olvido. En casi cuatro meses, desde su aprobación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), acumula 120.000 solicitudes de eliminación de registros personales en los resultados de búsqueda. De hecho, son unas cifras que se multiplican si atendemos a los enlaces, por lo que, aproximadamente, debe valorar la desindexación de más de 450.000. Por si fuera poco, cada una de estas peticiones debe ser evaluada individualmente, ya que la sentencia no aclara quién puede acogerse a este derecho, de qué forma y cómo no vulnerar a otros fundamentales. Es más, aun pareciendo una paradoja, una información en un medio digital es legal, mientras que la URL a la misma en los buscadores no.

De momento, ha tramitado el 55 % de los casos, rechazando y exigiendo más documentación al resto. No obstante, el trabajo se acumula, por lo que ha convocado una suerte de “comité de sabios”: un consejo asesor que debatirá cuál es la vía más óptima para cumplir con dicha sentencia. Cabe destacar al selecto grupo: Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia, Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas, Sylvie Kauffmann, directora de redacción de Le Monde y José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos. De su análisis podría desprenderse un futuro reglamento, ya que es un asunto de relevancia social, política, periodística e incluso ética.

Pero no están solos en la tarea. Dicho comité realizará una gira por toda Europa —que comenzó el 9 de septiembre en Madrid— en la que escuchará a juristas, historiadores, periodistas, ciudadanos, entre otros, para aunar criterios generales, ya que se debe estudiar si debe prevalecer el derecho al olvido y no a la información, interés público y/o a la memoria histórica —un editorial de The New York Times lo tildó como una socavación a la libertad de prensa y los periódicos Telegraph, The Independent o The Guardian denuncian la pérdida de enlaces—. Solo resta asumir si nos encontramos realmente ante un “derecho de arrepentimiento” —cuando se desconocía el alcance de la exposición en Internet— y no al tradicional de cancelación y oposición en el ámbito digital (argumento de la TJUE). Confiemos en que los “sabios” faciliten la respuesta.

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